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Se presentó ante la Contraloría
una serie de hechos para que de acuerdo a sus facultades investigue y a su vez
notifique las autoridades correspondientes los delitos encontrados
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Acción Nacional reitera su
compromiso por la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Miguel Ángel
Chávez Zavala, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN), presentó una denuncia por faltas administrativas en contra de
los ex funcionarios públicos que resulten responsables por hechos que se
consideran violatorios a la ley, mismos que podrían derivar en delitos que tendrían
que ser sancionados por las autoridades competentes.
“La querella
es presentada como muestra de la responsabilidad política del Partido Acción
Nacional y el compromiso por la transparencia, rendición de cuentas y combate a
la corrupción, los cuales deben cumplir honorablemente los que ostentan cargos
públicos”, apuntó el dirigente albiazul.
Como creemos
y confiamos en las instituciones es a ellas a quienes recurrimos, declaró el
líder albiazul tras recordar que “con prudencia esperamos largos meses a que
las autoridades competentes investigaran y esclarecieran las presuntas
irregularidades en el manejo de las finanzas públicas de la administración
estatal anterior que ocasionaron la crisis financiera de Michoacán, sin embargo, ahora no podemos quedar
impasibles ante lo que podría convertirse en un grave caso de impunidad”.
Detalló que
la presentación de este documento legal atiende el mandato de la Comisión
Política del Comité Directivo Estatal, la cual estableció que para que el Grupo
Parlamentario del PAN pudiera aprobar la reestructuración de la deuda,
refinanciamiento y contratación de nueva deuda pública, sería necesario
formalizar la exigencia para investigar y fincar responsabilidades a los
funcionarios que violentaron la ley.
Las
imputaciones que interpuso el Presidente estatal del partido ante la
Coordinación de la Contraloría del Gobierno de Michoacán señalan un gran número
de irregularidades que podrían derivar en los delitos de abuso de autoridad,
peculado, abuso de confianza, así como defraudación fiscal.
Por lo
anterior y con fundamento en el Art. 42, fracciones XVIII y XIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, el panista
solicita a la dependencia estatal que de acuerdo a sus atribuciones realice las
investigaciones correspondientes para conocer las irregularidades
administrativas de los ex funcionarios y emitir las sanciones correspondientes.
Asimismo,
Chávez Zavala pidió a la Coordinación de la Contraloría que en caso de que se
identifiquen los delitos, en uso de sus facultades, notifique a la instancia
procuradora de justicia correspondiente los resultados de la investigación para
que resuelva las faltas ejercidas.
El dirigente
político recordó que parte de las atribuciones de dicha dependencia son citar a
una audiencia a los acusados para que puedan entregar las pruebas que
demuestren lo contrario. Sin embargo, si la Contraloría comprueba la existencia
de faltas los ex funcionarios podrían ser acreedores de sanciones que irían
desde económicas hasta la inhabilitación de 1 a 6 años para el ejercicio del
servicio público, entre otros.
Entre los
hechos que se denuncian en la citada querella destacan el que se dio como
garantía de créditos las participaciones federales sin la previa autorización
del Congreso, así como el que se presentaron montos alterados de las finanzas
públicas al Poder Legislativo y que hubo pasivos que no fueron reportados en la
Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda.
Además de
que se incumplió con en enterar al Sistema de Administración Tributaria (SAT)
el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios a los
trabajadores del gobierno del estado, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, Miguel Chávez señala que se habría infringido
las normatividades establecidas en la Constitución Mexicana, el Código Fiscal
de la Federación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Michoacán, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Michoacán, la Ley de Fiscalización Superior para el
Estado de Michoacán, la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, y la Ley
de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Michoacán.
Entre las pruebas
presentadas se encuentran los informes que rindieron los despachos
profesionales contratados por el Ejecutivo del Estado y con el reporte que la
Mesa Técnica que conformó el Congreso del Estado para el análisis de la deuda
pública.
Para sustentar la demanda también
se presentó la Certificación de la Secretaría de Finanzas y Administración de
los Terceros Institucionales y los Saldos Pasivos con fecha de corte del 31 de
diciembre, así como el informe financiero al Segundo trimestre del Ejercicio
Fiscal 2012 presentado por el titular del Ejecutivo Estatal al Congreso del
Estado.
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